PP y ciudadanos proponen que se genere una nueva ley para desalojar de forma exprés a los okupas.

PP y ciudadanos proponen que se genere una nueva ley para desalojar de forma exprés a los okupas.

Estas últimas semanas la okupación abarca la atención de los medios de comunicación del sector inmobiliario. Esta ocupación ha crecido duramente los últimos meses y por esto las administraciones intentan frenar este aumento. Además algunos ayuntamientos como el de Madrid han realizado una oficina municipal antiokupación, la cual defiende los derechos de los vecinos y protege la seguridad de las familias perjudicadas por esta cuestión.

¿Qué proponen el PP y Ciudadanos?

Los partidos políticos del PP y Ciudadanos negocian un nuevo desalojamiento inmediato en el caso de okupacion ilegal de viviendas. Consiguiendo así una medida que conceda a los cuerpos y fuerzas del estado de seguridad jurídica para recuperar inmuebles que hayan sido okupados y conseguirlo en menos de 48 horas y no en 30 días.

El pionero de esta nueva ley es el líder del PP, Pablo Casado. También quiere añadir un delito de usurpación, el cual tendría como consecuencia una pena de cárcel de uno a tres años para los okupantes.

La nueva ley planteada por los dos partidos políticos concedería nuevas herramientas administrativas a los gobiernos locales para poder combatir con ese acto ilegal.

¿Qué herramientas administrativas se otorga a los gobiernos locales para luchar contra la okupación?

 En este aspecto, los ayuntamientos no podrían empadronar a los okupas, como sucede en algunos consistorios actualmente. El partido popular afirma en declaraciones recogidas por El Economista: “es el colmo, se empadronan para recibir ayudas sociales y se empadronan además para que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar y se considera al estar empadronados como su morada”.

El gobierno central se sitúa en esta cuestión con la oposición e incluso se replantea rectificar la normativa actual de okupacion con los cambios propuestos por el PP y Ciudadanos.  Juan Carlos Campos, ha admitido que es un tema que debe abordarse de nuevo por el poder legislativo. “Este asunto no ha dejado nunca de ser motivo de preocupación”, indica.

El ministro de justicia se encuentra dispuesto a llegar a un acuerdo sobre este asunto con los 2 partidos políticos.

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