El Gobierno parece optar por los incentivos fiscales para los alquileres

El Gobierno parece optar por los incentivos fiscales para los alquileres

El Gobierno se ha decantado por una política fiiscal para solucionar la subida de los precios del alquiler y el malestar social que esto provoca en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. El Ministerio de Fomento intentará reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, la clave de la política de fomento del alquiler serán los incentivos fiscales a los propietarios y a los inquilinos para intentar dinamizar el mercado.

La primera medida en que trabaja el Ministerio de Fomento es la reforma de la LAU para volver a situar la duración mínima de los contratos de alquiler en los 5 años –como preveía la ley anterior–, con prórrogas sucesivas por tres años. La reforma de la LAU podría regular otros aspectos polémicos, como las fianzas y las garantías que los propietarios pueden imponer a sus inquilinos para alquilarles una vivienda, e intentará clarificar la definición de viviendas de uso turístico, culpadas a menudo de acelerar el auge de los precios de los alquileres. El Ejecutivo prevé sentar unas bases comunes para la regulación del sector, que corresponde a las comunidades autónomas puesto que son las que tienen competencias en turismo.

Negociación externa

El Gobierno busca limitar las rentas y penalizar las socimis. Pero el objetivo principal del Gobierno serán los incentivos fiscales a los propietarios y los inquilinos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ha anunciado una mejora de la fiscalidad del alquiler, recuperando la desgravación para los inquilinos en el IRPF e introduciendo incentivos para reducir la carga fiscal de los propietarios, de manera que aumenten los propietarios que pongan su piso en alquiler.

El borrador que maneja Fomento, y que necesita ahora el apoyo del Ministerio de Hacienda, prevé que los propietarios puedan desgravarse hasta el 100% de sus ingresos por alquiler en el IRPF cuando alquilen a menores de 30 años, como ya sucedía antes de la última reforma del impuesto sobre la renta, pero ahora esta desgravación solo se aplicará cuando los salarios de los inquilinos no superen los 30.000 euros anuales y solo si la renta es inferior a un precio límite establecido por la administración pública.

Negociación interna

Fomento quiere que Hacienda no grave las rentas por alquiler en determinados casos.

Actualmente, los propietarios pueden desgravarse el 60% de las ingresos netos del alquiler en el IRPF, y el Gobierno estudia eliminar esta desgravación para quienes alquilen sus pisos por encima de los precios límite establecidos por la Administración. Para los que alquilen a precios de mercado, por debajo de los precios límite de la administración, el Ejecutivo prevé elevar la deducción por alquiler hasta el 70% de los ingresos netos cuando el propietario haya hecho obras de mejora en la vivienda para incrementar su eficiencia energética.

La secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, ha avanzado también que en su departamento estudian que los incentivos lleguen al impuesto sobre el patrimonio e incluyan bonificaciones en el IBI, aunque esto lo habrán de decidir los ayuntamientos. Beunza reconoció recientemente que el Gobierno estudia también mejorar la seguridad jurídica de los pequeños propietarios que pongan su vivienda en alquiler, en la línea de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil –conocida como del “desahucio exprés”–, que prevé el desalojo inmediato, incluso en menos de 20 días, cuando un edificio ha sido “okupado”.


Restauración del alquiler social

El Ministerio de Fomento quiere recuperar la promoción de vivienda social, abandonada durante la última década, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y ha anunciado que promoverá 20.000 viviendas para destinarlas a alquiler social en los próximos cuatro o seis años con el fin de aumentar la oferta de vivienda asequible y tratar de frenar la subida del precio de los alquileres. Las viviendas, según anunció el propio ministro José Luis Ábalos en el Congreso antes del verano, serán tanto de promoción pública como fruto de la colaboración con el sector privado, al que se exigirá, sin embargo, que sean pisos para alquilar y con rentas limitadas. Ábalos indicó que los pisos públicos de alquiler se levantarán en las ciudades con más tensiones en este mercado y en colaboración con las comunidades y ayuntamientos correspondientes, y podrá proceder tanto de nueva promoción como de rehabilitación. La promoción pública, eso sí, sólo tendrá efectos a largo plazo, tanto por las restricciones presupuestarias como por la dificultad para encontrar suelo a precio asequible para construirlas. Por ello, Fomento ha anunciado también cambios legales para flexibilizar el sistema ­urbanístico.

Fuente: La Vanguardia